Eliminan resolución obligatoria para diversos avisos de comercio exterior

En un esfuerzo por acelerar las operaciones de comercio exterior y reducir la burocracia, el gobierno federal eliminó la obligación de obtener una resolución previa para diversos avisos presentados por empresas importadoras y exportadoras.

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde también se establecen nuevas disposiciones para el funcionamiento de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, plataforma digital utilizada por empresas para gestionar procedimientos relacionados con importaciones y exportaciones.

Con este cambio, numerosos avisos que anteriormente debían pasar por un proceso de revisión y dictaminación por parte de las autoridades se convertirán en trámites autogestivos. En otras palabras, los usuarios podrán presentar la información requerida sin necesidad de esperar una autorización expresa para continuar con sus operaciones.

La simplificación involucra a la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependencia que participó en el rediseño de los procedimientos como parte de la estrategia nacional de digitalización gubernamental.

Las autoridades explicaron que la eliminación de la dictaminación responde a que estos avisos tienen un carácter informativo y no constituyen solicitudes de permisos o autorizaciones. Por ello, mantener procesos de revisión previa representaba una carga administrativa que podía retrasar operaciones sin aportar beneficios regulatorios significativos.

El decreto establece además que la Ventanilla Única operará bajo principios de interoperabilidad, uso eficiente de datos, trazabilidad, seguridad de la información, mejora continua y enfoque centrado en los usuarios, con el objetivo de hacer más ágiles y eficientes los servicios públicos vinculados al comercio exterior.

Pese a la simplificación, el gobierno aclaró que las empresas continuarán obligadas a cumplir con todas las disposiciones legales y regulatorias aplicables. La eliminación de la autorización previa no implica una reducción de la supervisión oficial, por lo que las autoridades conservarán sus facultades de inspección, vigilancia y sanción en caso de detectar incumplimientos.

La medida contempla algunas excepciones. Entre ellas destacan los avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos y los avisos automáticos de exportación de tomate fresco, que mantendrán sus procedimientos actuales.

También quedaron fuera de esta simplificación determinados trámites relacionados con máquinas utilizadas para sorteos sujetos al azar, así como algunas modificaciones de domicilios vinculadas a los programas IMMEX y PROSEC. Según el gobierno, estas exclusiones obedecen a ajustes técnicos pendientes en los sistemas informáticos correspondientes.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la administración pública y fortalecer la competitividad del país en materia comercial. En un entorno donde la velocidad y eficiencia de las cadenas de suministro son cada vez más relevantes, la reducción de trámites se perfila como una herramienta para facilitar las operaciones de las empresas y mejorar el clima de negocios.

Con esta reforma, la administración federal busca avanzar en la digitalización de los servicios gubernamentales y eliminar obstáculos burocráticos que históricamente han sido señalados por el sector productivo como factores que encarecen y ralentizan las actividades de comercio internacional.