Responsabilidad absoluta y digitalización: cómo afectará la nueva Ley Aduanera a los despachos aduanales

El comercio exterior mexicano enfrenta una de las reformas más profundas de los últimos años. La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera presentada en septiembre de 2025 introduce un conjunto de cambios que, aunque buscan modernizar los procesos y fortalecer la fiscalización, representan riesgos operativos y financieros para importadores, exportadores y agentes aduanales. Aunque el trasfondo parece positivo, empresarios, especialistas y agentes aduanales advierten que los cambios podrían convertirse en un freno para la competitividad del país, generando mayores costos, retrasos logísticos y una presión sin precedentes sobre los despachos aduanales.

Responsabilidad absoluta para los agentes aduanales

Uno de los puntos más polémicos es la reforma al artículo 54, que establece responsabilidad solidaria y absoluta para los agentes aduanales. Esto significa que, aun si la información incorrecta proviene del importador, el agente será quien asuma las consecuencias legales y económicas.

La medida, que busca blindar el sistema contra malas prácticas, podría tener un efecto adverso: muchos agentes rechazarán operaciones de alto riesgo, frenando despachos, encareciendo los servicios y generando cuellos de botella en la cadena logística internacional.

Además, la iniciativa endurece los requisitos para mantener una patente: certificación obligatoria cada dos años, renovación periódica y la amenaza constante de suspensión o cancelación por parte del nuevo Consejo Aduanero, integrado por la SHCP, el SAT, la ANAM y la Secretaría Anticorrupción.

Candados en recintos fiscalizados y menos margen de maniobra

Los recintos fiscalizados estratégicos (RFE), que han sido un motor para atraer inversión y mantener liquidez en las empresas, también enfrentan restricciones. El tiempo de almacenaje se reduce de dos años a uno, afectando sectores como el acero y el cobre, cuyas operaciones requieren plazos más largos.

Adicionalmente, se prohíbe el ingreso de mercancías terminadas a este régimen, limitando su uso y encareciendo las operaciones de manufactura y exportación. “Muchas compañías utilizan el RFE para diferir impuestos y mantener flujo de capital. Limitarlo significa un retroceso para la competitividad”, advirtió Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente del Instituto Potosino de Alta Competitividad (IPAC).

Más trámites, más costos y menos flexibilidad

La creación de cuentas aduaneras de garantía y la obligación de reportes mensuales a la Tesorería Federal implican nuevos trámites y mayor burocracia. Esto se suma a un catálogo ampliado de infracciones y sanciones, con multas más severas para las empresas y agentes que incumplan.

Paralelamente, la iniciativa se articula con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), que incrementa aranceles en más de 1,300 fracciones arancelarias con alzas de hasta 50%. El resultado será un encarecimiento de la cadena de suministro y un golpe directo a los consumidores finales.

Impacto en el comercio exterior mexicano

Los analistas coinciden en que la reforma tendrá un efecto inmediato en el comercio exterior y la logística:

• Retrasos en los despachos aduaneros por mayor escrutinio.

• Aumento en costos operativos para importadores y exportadores.

• Reducción de la flexibilidad logística, especialmente en industrias estratégicas.

• Mayor presión sobre los despachos aduanales, que ahora asumen riesgos legales y económicos totales.

• Pérdida de competitividad regional, en un contexto global donde México busca aprovechar el nearshoring.

Si bien el gobierno insiste en que no se trata de crear nuevos impuestos, la reforma tiene un claro efecto recaudatorio. “Bastaba con aplicar la ley existente. No era necesario endurecer las medidas al grado de convertirlas en un obstáculo para la operación diaria del comercio exterior”, señaló Sergio Islas Arias, director general de SIEM Business.

Entre modernización y sobrerregulación

La digitalización obligatoria, la trazabilidad en tiempo real y el expediente electrónico robusto son avances indiscutibles que podrían fortalecer la transparencia. Sin embargo, su implementación exigirá fuertes inversiones en tecnología y capacitación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

En suma, la Reforma a la Ley Aduanera 2025 representa un arma de doble filo: mientras busca modernizar y blindar el sistema contra prácticas indebidas, corre el riesgo de asfixiar al comercio exterior mexicano con cargas excesivas, trámites interminables y una responsabilidad desproporcionada para los despachos aduanales, actores clave en la operación del comercio internacional.

La discusión legislativa aún está en curso, pero todo apunta a que la reforma será aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, lo que anticipa un 2026 marcado por mayores desafíos para la industria exportadora, los importadores y, sobre todo, los agentes aduanales que ahora cargan con el peso de un sistema más restrictivo que competitivo.